Ecologistas en Acción detectó presencia de glifosato incluso en aguas del Parque Natural de Grazalema. Un dato que les resultó sorprendente, desde la organización, porque, a pesar del aislamiento de ciertas muestras los niveles en aguas superficiales eran peores que en el resto de la provincia, encontrándose también presencia del herbicida en aguas subterráneas.
Los parques y embalses de la provincia presentan, de hecho, una presencia alta y generalizada de glifosato, una sustancia que ha sido calificada como “potencialmente cancerígena” según la OMS.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible amplió los espacios vulnerables de contaminación por nitratos en la comunidad autónoma, a consecuencia del uso masivo de abonos y, en zonas litorales de la provincia, por la cantidad de pozos ciegos que hay en las urbanizaciones ilegales, comentan los ecologistas.
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Bayer, el gigante químico alemán que en 2018 compró Monsanto, aceptó pagar 11000 millones de dólares a las víctimas del glifosato, nada menos que 125000 demandantes.
Bayer perdió en 2018 una demanda que alegaba que el herbicida Roundup, con glifosato, causaba cáncer, pero después vinieron nuevas derrotas ante los tribunales por más de 190 millones de dólares (172 millones de euros aproximadamente). Según el diario Wall Street Journal, a Bayer se le acumulan las demandas: hay unas 18400 esperando. Una reciente es la de un jardinero de Australia, el primer caso que aparece en el país, al que le han diagnosticado un tipo de leucemia tras usar presuntamente durante más de 20 años el susodicho herbicida Roundup, según la agencia de noticias Reuters.
Mientras la Unión Europea no prohíba el glifosato esto jamas tendrá remedio, hay que presionar para que en 2023 lo prohíban. Países como Luxemburgo, Austria, Alemania, Eslovenia, Malta, México, Bermudas y muchas ciudades de EEUU ya se han mostrado a favor de prohibirlo.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como probablemente carcinogénico para los humanos, una evaluación que no comparten la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).
En 2017 ante la iniciativa ciudadana europea «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», con 1,3 millones de firmas, la Comisión Europea respondió lo siguiente:
En lo que respecta al primer objetivo, «prohibir los herbicidas basados en el glifosato», la Comisión consideró que no existían fundamentos científicos ni jurídicos que justificasen la prohibición del glifosato, por lo que no iba a hacer propuesta legislativa alguna al efecto.
Por lo que la Comisión Europea renovó la aprobación del uso del glifosato como sustancia activa en productos fitosanitarios hasta el 15 de diciembre de 2022.